INVASION INMOBILIARIA.

NEGOCIO ILICITO MUY LUCRATIVO PARA BANDAS CRIMINALES.

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) detectan ya una ola de acciones ilícitas por parte de grupos de choque organizados para apoderarse de inmuebles particulares e históricos que han sido detectadas, invasiones que se incrementaron luego del sismo del 19 de septiembre, por lo que diversas dependencias del gobierno central emprenden medidas para ponerle freno.

Se trata de un flagelo que afecta de manera significativa a la capital del país con más de 18 mil despojos en el último lustro.

El conflicto por la propiedad de inmuebles en la CDMX es un problema que impacta de manera negativa en la vida de millones de sus habitantes puesto que los despojos y las invasiones de propiedades en la urbe han encontrado, lastimosamente, un nicho fácil de explotar: el de las personas de la tercera edad. Y a últimas fechas también damnificados por el terremoto del 19 de septiembre, quienes cada vez más reportan estos abusos.

Autoridades judiciales y organismos de vivienda tienen detectadas a cerca de 23 organizaciones que se dedican a invadir de forma irregular en las 16 delegaciones de la Ciudad de México.

Tan solo la Delegación Cuauhtémoc reporta en los últimos cinco años cerca de 700 despojos que involucran edificios, viviendas y casas particulares.

Lo lamentable de esta situación es que el delito se mueve al amparo de organizaciones civiles bien constituidas y con el apoyo de diversas lagunas jurídicas, que dificultan las acciones para revertir el grave problema social de las invasiones.

El hecho de que los invasores cuenten con información del Registro Público de la Propiedad, por ejemplo, sobre la situación legal de los inmuebles, exhibe —según lo señaló en su momento Ricardo Monreal Ávila, ex delegado en Cuauhtémoc— “el amparo que partidos políticos y autoridades han dado a estas organizaciones. Son bandas capacitadas, instruidas, toleradas, con conexiones con partidos políticos en el más alto nivel, con vinculaciones financieras e incluso con vinculaciones a líderes políticos”.

Organizaciones 

Según un estudio interno del Instituto de Vivienda (INVI) del gobierno capitalino son 23 organizaciones las que con mayor frecuencia invaden inmuebles, por lo que ya han sido reportadas entre las autoridades correspondientes.

En la lista negra se encuentran Asamblea de Barrios, Frente Popular Francisco Villa, Consejo Democrático Chinampa de Juárez, Antorcha Campesina, Provivienda Independiente Ticomán, La Hormiga y Comité Urbano Popular Azteca, entre otras.

Peor aún: algunas de las asociaciones ya tienen hasta filiales, como es el caso del Frente Popular Francisco Villa, que cuenta con subgrupos: Frente Popular Francisco Villa Independiente y Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI, todos ellos dedicados a la invasión de predios, principalmente en la zona oriente de la ciudad, menciona el informe del INVI.

Destacan también la asociación Tierra y Libertad, las agrupaciones UPRES y Base Estrella, las cuales trabajan en la Delegación Iztapalapa; la agrupación CUFAS y el grupo Unión de Colonias Populares, que también se dedican a la invasión de terrenos.

Focos rojos

Diputados de la Asamblea Legislativa informan que hay cinco delegaciones —Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Tláhuac— donde es grave el problema de invasiones porque poseen suelo de uso de conservación ambiental y edificaciones antiguas, cuya situación legal está en disputa o están desocupadas.

La presidenta de la Comisión de Vivienda en la Asamblea Legislativa, Dunia Ludlow, comenta que las asociaciones estaban acostumbradas a invadir áreas naturales, como es el caso de Iztapalapa y Tláhuac, pero la estrategia y sus modos de operar cambiaron y están migrando a edificios y casas céntricas.

En el caso de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, dice la diputada local priista, “es donde mayor número de casas abandonadas existen”.

Revela que ya extendió, a través de un punto de acuerdo, una solicitud al INVI para que transparente toda la información que posea de viviendas de interés social con las que se benefician las organizaciones invasoras.

“Estas organizaciones no están reconocidas ante la ley, pero están reconocidas en las reglas de operación del INVI, lo que de alguna forma propicia que no tengamos control sobre ellas”, asevera la legisladora priista.

Y agrega: “Estamos trabajando en el reconocimiento de las organizaciones para fomentar las buenas prácticas, porque hay muchas de ellas que hacen las cosas de manera adecuada y legal”.

Dunia Ludlow refiere dos problemas que, en su opinión, originan la invasión de predios: “Falta de certeza jurídica de los terrenos e inmuebles, toda vez que actualmente 185 mil hogares carecen de escrituras, lo que los hace factibles de invasiones, y la vulnerabilidad de las personas que habitan en esos inmuebles, por el peligro que representa para estas edificaciones la temporada de lluvias”.

Raymundo Martínez Vite, diputado local de Morena, recuerda por su parte que de acuerdo con cifras de la Procuraduría capitalina “hay denuncias por despojo respecto del equivalente a 18 mil 997 predios invadidos en la Ciudad de México, de 2010 a 2015”.
En tanto, el diputado Carlos Alfonso Candelaria López, de Encuentro Social, advierte que es necesario conocer “si se han detectado a través de la Ventanilla Única documentos apócrifos que avalen solicitudes de construcción, así como si hay personas del gobierno central involucradas con los grupos delincuenciales que se dedican a la invasión”.

Modus operandi 

El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, informa que se investigan 200 casos de despojo de inmuebles, principalmente en zonas residenciales, mediante la presentación de escrituras falsas emitidas en otras entidades o por grupos que los invaden.

Explica que han detectado un modus operandi donde se tiene documentación que se presume es auténtica, puesto que son escrituras emitidas o notariadas en otros estados de la República. Ante ello “se han pedido oficios de colaboración a diversas entidades para corroborar que las escrituras emitidas sean auténticas, conocer cuál fue su origen y cómo se identificó o identificaron los presuntos propietarios para obtenerlas”.

Dicha situación, comenta, “ha rebotado en temas de robo de identidad para tener acceso a ese tipo de documentos jurídicos y acreditar la posesión y propiedad de un inmueble, y corresponde a la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fedapur) investigar los casos”.

Y explica: “Se trata de un modus operandi que se tiene detectado y estamos dando cuenta. Tenemos denuncias al respecto pero es un tema que se tiene que trabajar de manera coordinada también con el Colegio de Notarios que aporta la información de los inmuebles ubicados en la Ciudad de México”.

Hasta el momento se han iniciado alrededor de 200 carpetas de investigación por despojo, donde se presentan dos tipos de manejo en el tema de la posesión. “Uno, de manera furtiva, cuando son grupos que invaden un inmueble, con el argumento de que tienen derecho a este, y al no acreditarlo se finca el delito, se hace el operativo y se restituye la propiedad. Otro es cuando presentan los documentos que avalan la propiedad pero al investigar resulta que son falsos y se procede a entregarlo a su legítimo dueño, mientras los involucrados son detenidos y se busca su vinculación a proceso”, indica Garrido Osorio.

De esta manera las delegaciones que principalmente enfrentan este delito son Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez, al concentrar inmuebles con alta plusvalía y donde se tienen ubicadas organizaciones delictivas así como personas físicas y morales que han hecho de esta situación un negocio muy lucrativo.

Publicación de Norberto Vazquez, Cuarto Obscuro