UNA MIRADA A LOS RECLUSORIOS PREVENTIVOS DEL DISTRITO FEDERAL
La situación en las prisiones de la ciudad de México ha sido cuestionada desde hace mucho tiempo. Se habla de corrupción, malos tratos hacia los internos, sobrepoblación y difíciles condiciones de vida para los internos, por hablar solo de los problemas más representativos del sistema penitenciario en la capital y en el país en general. Pero la historia de las prisiones en la ciudad de México se ha caracterizado por estar relacionado con un discurso oficial destinado a presentar una dinámica carcelaria que se desenvuelve conforme sus propios reglamentos y pretende establecer objetivos precisos. Con ello, la ciencia penal ha creado un discurso que justifica la existencia de las instituciones penitenciarias; sin embargo, el desarrollo de las prisiones en muchas ocasiones no presenta los resultados que el discurso de las autoridades penitenciarias y especialistas encargados de los asuntos carcelarios pretenden, lo que obliga a estas últimas a realizar ajustes de los objetivos planteados en el discurso frente a la realidad penitenciaria. El siguiente trabajo tiene como objetivo establecer los principales aspectos relevantes de la dinámica carcelaria y cómo esta, en repetidas ocasiones, se separa de los lineamientos que las autoridades pretenden, no como resultado del establecimiento de prácticas mal dirigidas o erróneas al interior de los reclusorios, sino como consecuencia de las necesidades que la misma institución penal exige ante situaciones contrastantes como la sobrepoblación (principalmente en reclusorios preventivos varoniles), la necesidad de ofrecer actividades diversas a la población recluida y la contradictoria obligación técnico-jurídica de aplicar una pena a través de un tratamiento de “readaptación social”.

1. PRISIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO: ALGUNOS DATOS
En la Ciudad de México existen ocho centros penitenciarios: tres centros preventivos varoniles, Norte, Oriente y Sur; dos centros preventivos femeniles, Norte y Oriente; una penitenciaría para varones, Santa Martha Acatitla y una destinada para las mujeres, que se encuentra en Tepepan, al sur de la ciudad. El último centro penitenciario corresponde a varones inculpados por un delito que padecen algún tipo de enfermedad mental, el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial. Hay que señalar que el Centro de Sanciones Administrativas conocido como “El Torito”, es considerado como un centro de reclusión temporal, y sólo se utiliza para la aplicación de sanciones administrativas, que no rebasen de 72 horas, y no se encarga de la aplicación de sanciones de tipo penal. En estos ocho centros penitenciarios se encuentran recluidas, al 24 de Julio pasado, 22 mil 483 personas[1]. La sobrepoblación es muy alta, ya que la capacidad instalada para la totalidad de los centros penitenciarios del Distrito Federal (que consiste en la adecuada distribución de los internos en las celdas disponibles), es de 16 mil espacios, aproximadamente.
El problema de la sobrepoblación en los centros penitenciarios –que se presenta con mayor frecuencia en los reclusorios preventivos varoniles-, se debe no sólo al aumento de la actividad delictiva y, como consecuencia, en el aumento de detenciones y posteriores remisiones a las autoridades penales; también encontramos que este aumento se debe a las reformas al Código de Procedimientos penales del Distrito Federal de mediados de 1996 que propiciaron el aumento en los ingresos a los centros penitenciarios de la capital, pues se ampliaron las sanciones, la libertad bajo fianza se acotó, además de que la reincidencia comenzó a ser castigada. Los cambios en el Código Penal para el Distrito Federal, impactaron fuertemente en el aumento gradual de la población penitenciaria en los reclusorios preventivos varoniles desde mediados de la década pasada. Basta mencionar que en los últimos siete años, el número de reclusos en el Distrito Federal ha pasado de 7 mil quinientos a casi 23 mil.[2]
La construcción de los reclusorios preventivos de la ciudad de México datan de mediados de los años setenta, a excepción de la penitenciaría varonil de Santa Marta Acatitla, que fue construida en 1954, la totalidad de los centros preventivos se construyeron entre 1975 y 1979; sin embargo, un nuevo centro de reclusión construido en el año 2002 junto a la penitenciaría varonil, pretende llevar a cabo el traslado y reubicación de aproximadamente mil 500 internos sentenciados por delitos del orden federal, pero trámites burocráticos entre el gobierno local y federal han retrasado la reubicación de un número considerable de internos además de que se daría cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 constitucional que marca la separación entre internos procesados y sentenciados, situación que en la actualidad se sigue sin cumplir en los reclusorios preventivos donde sentenciados y procesados conviven en un espacio compartido.

2. LA SOBREPOBLACIÓN Y SUS EFECTOS
La sobrepoblación en los centros penitenciarios de la ciudad ha sido uno de los problemas que más atención le han dedicado las autoridades encargadas del ambiente penitenciario, ya que el exceso de población implica la aparición de nuevas dificultades como la escasez de ofertas laborales y educativas (un requisito indispensable para la posible obtención de algún tipo de preliberación), además de que los problemas de seguridad y vigilancia por parte de los custodios se torna más difícil. Sin duda, el exceso de población impide el objetivo primordial de la aplicación de un tratamiento que justifique la estancia de los internos, es decir, la creación de toda una serie de instrumentos que brinde tratamiento penitenciario, argumento sobre la cual se basa la creación de este tipo de centros penitenciarios. Al crearse la prisión, es necesaria la ejecución de actividades, planes y su control mediante un seguimiento que le asigne una razón de ser a la institución penitenciaria. Es así como se crea un grupo especializado que analiza, lleva a cabo los programas y califica las actividades que realizan los internos.
El incremento de la población penitenciaria en los últimos años acarreó problemas que ya se venían presentando como la falta de atención en los procedimientos jurídicos. El sector de la población penitenciaria que más ha sufrido este tipo de desatención por el déficit de personal encargado de llevar a cabo la investigación y defensa de sus procesos jurídicos, es la gente de escasos recursos, pues los abogados de oficio, debido a la carga descomunal de trabajo, no puede proporcionar una asesoría adecuada, y la orientación jurídica destinada a este sector, es deficiente, ya que en muchos casos, personas permanecen durante largos periodos de tiempo en prisión sin saber sobre las posibilidades o alternativas de recuperar su libertad mediante una asesoría adecuada.
Es con la sobrepoblación que la atención hacia los internos pierde la rigurosidad necesaria; la excesiva carga de trabajo que tienen los trabajadores técnicos y administrativos tiene como resultado que los estudios técnicos donde se agrupan los informes de las áreas de Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, Centro escolar, Seguridad y custodia y Criminología, contengan escasa información que pudiera definir con mayor claridad un seguimiento especial para cada interno, Este paso, fundamental para conocer con mayor detalle aspectos importantes de los internos, tanto a nivel individual, familiar como social, pierde seguimiento y calidad; la atención se flexibiliza y, en palabras que usa el personal penitenciario, lo que debería significar como una “individualización de la pena”, es decir, la aplicación de un tratamiento conforme a las características y necesidades propias de cada interno, pierde consistencia y el seguimiento queda sólo en descripciones superficiales plasmados en documentos que no tienen ninguna relación, donde se describe superficialmente aspectos de los internos durante su estancia en prisión, con relevancia minúscula para estudios posteriores. Este objetivo plasmado en la ley, queda sólo en una carencia de datos que describen de forma ambigua al interno y se desaprovecha la oportunidad de obtener información más detallada de las personas que ingresan a los centros penitenciarios, con la finalidad de realizar estudios de mayor calidad.
Sin duda, este problema de déficit de personal en los reclusorios, que contrasta con la creciente sobrepoblación, obliga a ajustar la capacidad del personal y a reducir la calidad de los estudios de personalidad de la población penitenciaria. Al final, esta situación se verá reflejada en la exigua evaluación que las autoridades realicen al interno cuando demande algún beneficio de preliberación. No se cuentan con los elementos necesarios para una evaluación adecuada, que reúna las características personales y sociales de los posibles beneficiados y que se requieran con seguridad a la hora de dar una opinión sobre la posible liberación anticipada de los internos. La duda sobre la persona a la cual se le puede otorgar algún tipo de beneficio, y que posiblemente no presente los requerimientos adecuados, siempre estará presente.
Con respecto a la seguridad, esta igualmente pierde fuerza, ya que el número de custodios es de aproximadamente 2 mil 871 elementos divididos en tres turnos, lo que nos dice que existen 957 custodios por turno.
“Esta cifra es realmente alarmante si tomamos en cuenta que la población penitenciaria es de alrededor de 23,000 personas, con lo cual tenemos un promedio de 24 internos por cada custodio en turno.”[3]
La distribución del personal de seguridad y Custodia debe centrarse en zonas estratégicas, como el área de gobierno, el módulo de máxima seguridad, los dormitorios conflictivos, zonas de castigo, las áreas de trabajo, torres de vigilancia y los espacios de ingreso al penal como la aduana de personas y vehículos además de recibir, en los días permitidos, a los visitantes familiares. Por lo general, son pocos los custodios que se encargan de la vigilancia de un dormitorio completo, el cual llega a albergar hasta quinientos internos. El pase de lista que se aplica en tres o cuatro ocasiones durante el día (y que es un instrumento básico para el control de la población penitenciaria, ya que con este registro se pueden detectar posibles fugas o desapariciones súbitas de internos), pierde fuerza y la seguridad se disipa al igual que la disciplina al interior de los penales.
La sobrepoblación y el hacinamiento que presentan los reclusorios capitalinos muestran que existen espacios insuficientes para los internos, sin embargo, queda poco clara la distribución que se presenta en las prisiones. En los reclusorios varoniles existen aproximadamente diez dormitorios en cada centro penitenciario; estos dormitorios consisten en edificios alargados de dos niveles donde cuarenta y ocho celdas se distribuyen en dos niveles: veinticuatro celdas en dos pasillos en la parte superior y la misma cantidad de celdas en la parte inferior. La entrada para cada dormitorio se encuentra sobre el pasillo exterior denominado “kilómetro”. A través de este pasillo exterior o “kilómetro” se encuentran los accesos para cada dormitorio, los cuales cuentan con una caseta para los custodios que vigilan la entrada y salida de los internos que ahí habitan. A excepción de los dormitorios de castigo y de protección que se encuentran separados del resto de los dormitorios comunes, la totalidad de los dormitorios se distribuye de forma continua, del número uno hasta el ocho, separados por un muro o malla ciclónica provista de concertina que evita el paso entre los dormitorios. Así, para saber la ubicación de cualquier interno conforme a la asignación de las autoridades, se otorga primero el número de dormitorio, posteriormente el número de zona (en este caso, la zona es el pasillo o corredor en el cual se encuentra la celda y por cada dormitorio existen cuatro pasillos o corredores) y finalmente el número de celda, que se conoce como estancia (que en este caso, puede ser del número uno al doce, ya que existen doce celdas o estancias por pasillo, es decir, por zona). Para ejemplificar, un interno se puede ubicar en el dormitorio tres, zona cuatro, estancia 9 (D 3, Z 4, E 9).
La asignación que recibe un interno, por parte de las autoridades, depende de los estudios de personalidad, que, por ley, se le deben aplicar. Estos estudios definirán el dormitorio que le será asignado, y dependerá de la información con que se cuente sobre el interno en ese momento. La información relevante para su asignación será el tipo de delito, si cuenta con antecedentes penales, si presenta alguna discapacidad, si es homosexual, si cuenta con un rango determinado de edad, entre otros. Hasta aquí la labor del personal técnico ha concluido. El interno tendrá que adaptarse con sus nuevos compañeros en la ubicación que le sea asignada, y, si acepta, acatará las reglas internas que estén vigentes entre los internos de la estancia. Los problemas que se suscitan en las estancias entre los internos, como robos, consumo de drogas, riñas, u otros, crea entre la población cierta movilidad al interior de los penales: muchos de los internos se ven obligados a buscar un nuevo dormitorio. Esta situación es muy irregular, pues puede haber casos en que las estancias o celdas lleguen a ocupar hasta cerca de veinte internos, mientras que en otras, ya sea por medidas de seguridad, o por situaciones que privilegien a determinados internos con solvencia económica, o con poder al interior del penal, llegan a presentarse casos en que existan estancias completas para uno o dos internos, lo que produce una situación imparcial con respecto a la distribución de los internos. Otro de los problemas con la irregular distribución de los internos en las estancias proviene de las características de los internos en particular: Muchos internos se oponen a que determinados compañeros sean ubicados en sus estancias, ya que presentan problemas de robos o de consumo de drogas, situación que a muchos internos incomoda debido a que los internos que consumen drogas, en situaciones extremas, recurren a robos de las pertenencias de los compañeros, provocan riñas, o continuamente son castigados por su intoxicación, y esto afecta el orden y la estabilidad creada al interior de cada estancia. Caso contrario, sucede cuando existen vínculos de amistad entre internos, desde el exterior o que se generen en el mismo penal (por ejemplo: ser de la misma colonia, ser algún familiar, encontrarse con amigos, identificación en no consumir drogas, practicar un deporte o labor, etc.) lo que provoca que se solicite ante las autoridades el cambio de estancia de una amistad, y a pesar de que puede existir un numero considerable de internos en la estancia, con la anuencia de los demás habitantes de la celda, es posible integrar a un interno más, asumiendo las incomodidades que representa el hacinamiento.
Tabla 1. Capacidad instalada y población por reclusorio en el D.F.[4]
RPVN RPVS RPVO PDF CEVAREPSI RPFN RPFO CFRS SANCIONES TOTAL
Capacidad
instalada* 4,892 2,998 4,766 1,859 200 200 156 385 124 15,580
Capacidad
real** 8,196 4,234 8,146 1,162 131 374 462 279 11 22,995
Ingresos 163 139 118 3 2 21 26 7 131 610
Egresos 108 95 117 20 5 16 26 2 146 535
Índice de
Sobrepoblación 167 141 171 63 66 187 196 73 9 148

Fuente: DGPRS-DF, Propuesta de puntos para el diagnóstico. México, documento interno, octubre del 2002.
* Número de espacios construidos y habilitados para un recluso.
** Número de reclusos que viven.

El hacinamiento que se presenta en las prisiones se produce de manera más clara en las noches, a la hora de dormir, ya que ningún interno debe estar fuera de su estancia después de las veinte horas, cuando el último pase de lista es llevado a cabo. Los camarotes que se encuentran empotrados a las paredes en las estancias (que son cuatro, por lo regular) son insuficientes por lo que muchos internos duermen en el piso y cuando el número de internos es considerable en la celda, la distribución requerirá la imaginación y el sacrificio de algunos internos además de la utilización de todo espacio disponible. Pasada la noche, la mayoría de los internos realizan sus actividades fuera de sus celdas, y es hasta la noche siguiente cuando se presentará nuevamente el problema de la distribución en la estancia.
Otro de los efectos que la sobrepoblación tiene sobre la administración penitenciaria, es la escasez de la oferta tanto laboral como educativa. Líneas más arriba marcábamos los inconvenientes para la realización de los estudios de personalidad por parte del personal administrativo, que tiene como resultado la elaboración de estudios de poca calidad para un seguimiento adecuado de cada uno de los internos; pero a esta situación de no tener definido el perfil del la persona recluida, se suma la falta de actividades al interior de los centros preventivos. Según el Artículo 18 constitucional, el tratamiento que se les dará a los internos será con base en el trabajo, la educación y la capacitación para el trabajo, pero en la realidad, las ofertas laborales y educativas son insuficientes para la demanda que se tiene. Aunque el trabajo al interior de los penales no es obligatorio, se exige como requisito para la posible obtención de un beneficio de libertad anticipada; lo mismo pasa con la actividad escolar.

3. LA ADAPTACIÓN A LA PRISIÓN
Cuando una persona queda formalmente presa y debe de continuar su proceso penal privado de su libertad; a su ingreso al penal preventivo, permanece en un lugar denominado zona de Ingreso, que presenta las mismas características de los dormitorios, y donde la persona permanece durante una semana; posteriormente pasa al lugar llamado Centro de Observación y Clasificación (C.O.C.), que igualmente tiene las mismas características de los dormitorios, con la diferencia de que este edificio es de tres niveles (por lo que las zonas se incrementan a seis), además de que cuenta con espacios acondicionados para labores del personal técnico, como aulas y oficinas. Aquí es donde el interno comienza a familiarizarse con el ambiente penitenciario. Recibe la visita de sus familiares en este espacio, que presenta un lugar destinado para las visitas y un patio donde puede realizar actividades al aire libre o practicar un deporte con los compañeros. Es también aquí donde la relación con los demás internos adquiere mayor significado, pues comenzará a relacionarse con personas desconocidas con las que tendrá que organizarse para la realización de las actividades diarias, como el aseo, el reparto de alimentos y la custodia de sus pertenencias y los del grupo.
Con su traslado del dormitorio del Centro de Observación y Clasificación (C.O.C.), los internos inician nuevamente un proceso de adaptación al dormitorio que le haya sido asignado con base en los estudios de personalidad. Este nuevo proceso es difícil pues los dormitorios a los que son asignados los internos, cuentan no sólo con características distintas a las áreas antes descritas, sino que de desenvuelven con disposiciones que han sido arraigadas desde hace muchos años atrás entre la población penitenciaria. Existen reglas donde la población penitenciaria adquiere mayores derechos y un mayor estatus según el tiempo que ha permanecido en prisión. En este caso, los internos que recién llegan a los dormitorios asignados según sus características, sufren esta circunstancia y a pesar de que esta situación varía conforme a las características y disposiciones que se manejen al interior de cada celda en particular, los internos recién llegados adquieren obligaciones que pueden variar: son asignados para hacerse cargo de las pertenencias de los demás internos que viven en la misma estancia, pueden realizar actividades varias porque su condición de “nuevo” en la estancia así lo determina. Este sistema de jerarquías puede variar de una celda a otra, ya que en unas estancias puede existir mayor organización y disposición para trabajar en grupo y mantener en buenas condiciones su dormitorio, lo que incide en la armonía y buena relación entre los internos que habitan la estancia; así se evitan problemas con otros internos (y por ende, con la autoridad) y se crean redes de solidaridad estrechas entre los compañeros; mientras que en otras, la desunión puede ser el imperativo y se carga el trabajo hacia los internos nuevos, mediante amenazas y maltratos físicos. La violencia es persistente en este tipo de estancias donde el consumo de drogas, los robos y las riñas por mantener el control del reducido espacio, perjudica las buenas condiciones de la estancia e igualmente las condiciones de vida de quienes persisten en vivir en este ambiente. Obviamente, sobra decir que los castigos a los internos que viven en estas estancias son constantes. Es por esta situación que muchos de los dormitorios adquieren fama de nocivos y peligrosos entre la población penitenciaria, por lo que se procura tener precaución al transitar por estos lugares.
Es evidente que, en las estancias donde se pretende tener estabilidad y organización para mantener un ambiente alejado de actos violentos, tendrán mayor demanda por parte de internos para pasar el tiempo en prisión en condiciones estables; mientras que las áreas consideradas como conflictivas se caracterizarán por su inestabilidad y violencia. Hay que señalar, igualmente, que las condiciones de vida que impera en los dormitorios impactan forzosamente en la distribución y movilidad de la población penitenciaria.

4. DROGAS EN LAS PRISIONES: ¿MAL NECESARIO?
Otro de los problemas que han sido señalados con mucha insistencia en las prisiones capitalinas es el consumo y distribución de diversos tipos de drogas. Según estimaciones de las propias autoridades penitenciarias, la población recluida con problemas de adicción se calcula entre 7 mil 200 y 7 mil 500.[5]
El porcentaje de internos que consumen algún tipo de droga es elevado, sin embargo, los programas encaminados para atacar el consumo de drogas al interior de los reclusorios son poco efectivos, ya que el tratamiento consiste sólo en la realización de pláticas hacia la población que acepte participar en estas reuniones. Los resultados son poco efectivos y a que no puede haber algún tipo de exactitud en cuanto a la efectividad de este tipo de tratamiento. La falta de tratamiento especializado -y concretamente la ausencia de clínicas contra adicciones al interior de las prisiones-, ha dado como resultado que los programas que se llevan a cabo se conciban conforme a las circunstancias y limitaciones que hay en las prisiones. Un ejemplo: En el Reclusorio Varonil Sur se aplicó un programa por parte del personal técnico penitenciario durante el año 2001, en el cual se separaba a la población que sufría problemas de adicción hacia algún tipo de droga. Se acondicionó un dormitorio completo para llevar a cabo este programa (el anexo seis), y se convocó a los internos que tuvieran problemas de drogadicción para aislarse del resto de la población; los internos debían de firmar una carta donde aceptaban permanecer aislados y así evitar el contacto con los internos que les proporcionaban los estupefacientes, si decidían abandonar el programa podían hacerlo y posteriormente reintegrarse de nuevo. En un principio, el programa pareció llevar un buen camino, sin embargo, con el transcurso de los meses, la población integrada a este programa decidió abandonarlo, por lo que el control y seguimiento a cada interno se volvió irregular, debido a los ingresos y salidas sin restricción.
En el ejemplo anterior podemos ver que, cualquier tratamiento encaminado hacia el combate al consumo de drogas en los reclusorios varoniles es infructuoso si no se cuentan con los elementos necesarios para el tratamiento oportuno a los internos. Las pláticas sobre las consecuencias del consumo de drogas dirigido a los internos así como los programas donde se pretende acabar con el consumo de drogas mediante el aislamiento, tendrán resultados poco favorables si no se cuenta con los elementos necesarios para la atención que cualquier interno adicto a las drogas demande. Estos programas deben de tener en cuenta el apoyo familiar y las condiciones poco estables que una institución como los reclusorios. El problema de la drogadicción al interior de los centros penitenciarios se describe con detalle a continuación:
“La atención a un enfermo es carísima. No hablo solamente de las medicinas ni del cuidado que reclama su estado. Tampoco hablo de la familia, los amigos y las personas cercanas que apoyen y resistan las furias y depresiones del drogadicto. Tampoco de las instituciones adecuadas y con los recursos necesarios para enfrentar el problema de la desintegración humana, que eso y sólo eso es la drogadicción.”[6]
El problema de la drogadicción en las cárceles capitalinas nos indica que el tratamiento es poco efectivo, por las condiciones de la misma institución, por la falta de recursos que permitan llevara a cabo tratamientos efectivos, por el impedimento en la distribución de drogas al interior de los reclusorios. Existe una contradicción que pone en una posición difícil a las autoridades penitenciarias: en efecto, existe distribución de drogas, pero esto es resultado de la demanda que hay por parte de los internos drogadictos y de los nuevos consumidores que inician su consumo en el interior de los penales. La falta de un tratamiento adecuado para la población adicta a las drogas implica que si no existen alternativas para ellos, al menos sí habrá la posibilidad de mantener el consumo y así evitar posibles brotes de violencia. No hay tratamiento que controle al interno, pero sí hay oferta de drogas para mantenerlo controlado. La presencia de drogas en los reclusorios capitalinos implica desactivar posibles brotes de violencia por parte de la población que consume estupefacientes, pero también significa asumir un gran costo social por parte de las autoridades, al permitir el tráfico y consumo de drogas en los penales capitalinos.
Sin duda, el tema de la drogadicción al interior de las prisiones capitalinas es difícil de abordar. Lejos de las afirmaciones sobre si es una situación legal o no, o si se trata del resultado de la corrupción a diferentes escalas al interior del sistema penitenciario, el consumo de drogas es una situación que existe y que se ha establecido con raíces muy fuertes desde hace mucho tiempo atrás, y que adopta una función específica ante la falta de opciones para el control de la drogadicción de internos que ingresan con serios problemas de este tipo, así como también la oferta existente ante la población no consumidora que en momentos difíciles pueden llegar a ser potenciales consumidores. La negativa de las autoridades de aceptar este problema desde este punto de vista,[7] sólo ha dado como resultado que las expectativas y posibles soluciones se basen sobre aspectos parciales del problema, como el ataque a la introducción de drogas en las aduanas de acceso por parte de los familiares y la investigación del personal técnico y de custodia (que, sin duda es el principal punto de introducción de estupefacientes hacia los centros penitenciarios), y por otra parte, se estudia con escasa atención los efectos que el tráfico de drogas genera, no sólo en la población recluida y su entorno familiar, sino en todas las esferas del sistema penitenciario, incluyendo el de la seguridad, pues se han presentado casos en los cuales la introducción de drogas a los penales se ha restringido totalmente, lo que ha desencadenado revueltas por parte de los reclusos que exigen la distribución de drogas en los penales: así lo describe Carlos Tornero Díaz (quien fungió como director de los reclusorios capitalinos de Diciembre de 1997 a Agosto de 1998) a Julio Scherer, en un motín el diez de enero de 1998, en el Reclusorio Varonil Sur:
“-… Queremos droga, queremos droga, queremos droga…- gritaban los internos. Me inicié como cualquiera en situación parecida: pedí calma y ofrecí soluciones. No habría represalias por los destrozos a la vista, anuncié. [...] Las primeras restricciones al consumo del veneno se hacían sentir en la prisión. No cabría imaginar agresión mayor contra los reclusos. Uno habló por muchos, infantil como tantos: ‘Aquí nos hicieron drogadictos, papito’.” [8]
El mismo Carlos Tornero Díaz, en su comparecencia como Director General de Reclusorios ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, afirmó que “El narcotráfico y el crimen organizado se apoderaron de los reclusorios y con su poder ‘manejan a la población a base de droga’. Si mágicamente se limpiaran hoy las cárceles del tráfico de enervantes, ‘por la noche éstas estarían incendiadas’, ya que 56% de los presos son adictos a estas sustancias…” [9] Sin embargo, la postura sobre el tráfico de drogas al interior de las prisiones capitalinas en la actual administración, insiste en negar esta situación, con la finalidad de evitar la imagen de las prisiones como centros que fomentan el consumo de drogas. La situación que se vive en las prisiones capitalinas con respecto al consumo de drogas es difícil y la postura que toman las autoridades pretende limpiar la imagen de las prisiones hacia el exterior, es decir ante la sociedad; sin embargo, esta postura no ayuda en mucho para llevar a cabo programas que logren, no erradicar totalmente el consumo de drogas (operación que ha llegado a ser contraproducente), pero sí una disminución gradual que involucre no sólo a autoridades e internos adictos, sino también al grupo familiar, indispensable para alcanzar una rehabilitación completa.

5. CONCLUSIONES: ¿UNIVERSIDADES DEL CRIMEN?
En este trabajo se ha pretendido establecer algunos de los puntos fundamentales para entender la dinámica de los centros penitenciarios, independientemente de las disposiciones jurídicas y reglamentaciones que dan un sustento legal a la institución penitenciaria. Sin duda, el tema de las prisiones y su objetivo de readaptación al medio social después de haber aplicado un castigo consistente en la privación e la libertad es sólo un buen propósito que nunca ha podido ser aplicado a la situación de los centros penitenciarios. Lo que nos llama la atención es que se siga manejando este discurso con propósitos de reformar a los delincuentes cuando la realidad que se impone claramente en los reclusorios capitalinos no se asemeja en nada a un proceso de reformación que ayude, en un futuro próximo, para la disminución de la delincuencia, o más aun, con un objetivo de mantener la cohesión de la sociedad que se desenvuelve alrededor de un poder que representa y defiende sus intereses, dos de las razones que le han dado sustento al proyecto penitenciario desde su nacimiento.
El sistema penitenciario en la Ciudad de México, ha fracasado, como en la mayoría de los sistemas de este tipo, en su objetivo de readaptación, un propósito que desde su creación le confirió a las prisiones un objetivo inalcanzable: la reformación de los delincuentes; sin embargo, es un sistema que sigue vigente, porque, para la sociedad que exige justicia para los delincuentes, la materialización del castigo es importante para acreditar que, efectivamente se ha hecho justicia. Las prisiones cumplen esa función: es posible acreditar que efectivamente se ha hechos justicia cuando se ve a los delincuentes tras las rejas, sometidos y humillados ante la implacable autoridad penitenciaria. Si son efectivamente culpables o no, eso ya no es problema que le interese a la sociedad, igualmente el futuro de estas personas al interior de estos centros. Se ha cumplido, al menos, en la aplicación del castigo: la privación de la libertad. El delincuente pasará recluido el tiempo que las autoridades consideren justo, pero un tratamiento consistente en la readaptación del delincuente se reduce sólo en la diversidad de opciones laborales, deportivas y educativas que cualquier interno tiene derecho, pero no obligación de tomar y que en un futuro puede ayudar al interno a reducir su pena.
La situación que se vive en las prisiones capitalinas y que tratamos de describir de manera general en este trabajo refleja que el propósito de la readaptación está muy lejos de llegar siquiera a concebirse, pero la idea de que las prisiones son lugares donde se manufacturen delincuentes calificados o con mayores aptitudes para cometer delitos tampoco es exacta. Hacer esta aseveración sería conceder que efectivamente hay un cambio en la conducta del delincuente, pero inversamente proporcional a lo que las autoridades desean, por lo que a la pregunta de que si las cárceles capitalinas son universidades del crimen, podríamos decir que no, o al menos no absolutamente; pues si una persona reincide o cuenta con ingresos previos a prisión, es responsabilidad del delincuente y no hay que verlo sólo como uno de los efectos que emanan de la cárcel. Son lugares destinados para aquellas personas que han sido sancionadas, conforme a la ley vigente, por un delito mediante la privación de la libertad, y que conviven con otros delincuentes. Estos lugares se caracterizan por las actividades restringidas por una disciplina con horarios y prohibiciones y un ambiente de violencia donde el autogobierno, la falta de privacidad, el consumo de drogas y el hacinamiento constante, crean un ambiente hostil, pero donde igualmente es posibles contrarrestar esta situación adversa al crear redes solidarias entre compañeros y reforzando estas con actividades productivas al interior del penal además del apoyo familiar que puede ser de gran ayuda para llevar una estancia tranquila en prisión.
Como comentario final debemos decir que el mejoramiento de las condiciones de vida de las prisiones capitalinas debe de darse bajo un nuevo replanteamiento de estas instituciones ante la sociedad, dejando de lado la añeja idea de que estas instituciones son modelos de buen encauzamiento, y resaltando la función que ejerce en la actualidad como la materialización de las sanciones penales contra todo aquel infractor. Asignarle objetivos difíciles de cumplir y basarse en estos para hacer una valoración parcial de las prisiones sería condenarnos a repetir los mismos prejuicios sobre el fenómeno del castigo y su papel en la sociedad.

Tomado de autor anónimo